lunes, 19 de octubre de 2009

El SOFTWARE PÚBLICO

Asistimos a un apasionado debate entre los defensores del denominado software libre frente al modelo "tradicional" del software propietario. Al margen de posturas extremas - de auténtico "fanatismo informático" - nos parece relevante reflexionar sobre el papel de las Administraciones Públicas en este contexto, desde el momento que los proyectos de desarrollo y/o implantación de soluciones informáticas que contrata la Administración están financiados con dinero público. ¿Debería tener entonces este software, por definición, el carácter de "público"?
Desde un punto de vista muy general, el debate entre software libre y propietario puede abordarse desde una perspectiva de modelo económico: El software propietario respondería a un modelo "americano" donde grandes multinacionales construyen soluciones que venden bajo licencia, mientras que el software libre ha calado en la mentalidad europea, como alternativa al modelo anterior, asumiendo que no es posible competir con las grandes corporaciones americanas. Se prefiere invertir localmente en "conocimiento", articulado mediante el modelo de software libre, antes que gastar globalmente en licencias.
El modelo de negocio del software libre se basa en la activación de una comunidad de contribuidores que, a través de Internet, aportan trabajo (por ejemplo en la depuración de código) y conocimiento de forma desinteresada, esto es, sin cobrar por ello. Un pequeño núcleo duro (que si cobra) se encarga de filtrar las aportaciones, consolidar las versiones y homogeneizar el producto final. De esta forma, el modelo de software libre requiere de una masa crítica de usuarios que sea capaz de impulsar el proyecto y evitar su muerte por inanición. En mi opinión, esto requiere proyectos generales y comunidades de usuarios a nivel mundial (como son el caso de linux, mysql o wikipedia). Difícilmente podrá sobrevivir, bajo este modelo, un proyecto específico (de uso limitado) impulsado por una Administración Pública española.
Por eso, creo que la inmensa mayoría de proyectos denominados de software libre que impulsan las Administraciones Públicas no son realmente de software libre. Lo que se hace, simplemente, es contratar un desarrollo a una empresa, utilizando las tecnologías y productos que se asocian habitualmente al software libre, y ofrecer los fuentes. Quizás sería más adecuado emplear la denominación de software público.